Después de varios meses de tensas e infructuosas negociaciones entre la patronal, los sindicatos y el gobierno, el Decreto Ley para liberalizar la estiba fracasó en la votación a la que se sometió ayer en el Congreso de los Diputados.

El conflicto de los estibadores tiene su origen en una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de diciembre de 2014 que dictó que el sistema iba en contra de la libertad de establecimiento y contratación, imprescindible para garantizar la movilidad de empresas y profesionales de la Unión según recoge el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La actividad del sector exigía hasta ahora que todas las empresas que prestasen servicios de estiba, carga y descarga de mercancías en los puertos españoles formasen parte de la Sociedad de Estiba SAGEP como accionistas. Además, el acceso al puesto de trabajo de estibador estaba condicionado por un elevado componente hereditario y, los salarios, muy por encima de los de sus competidores europeos.

Sin embargo, su trabajo es clave en el transporte de mercancías. Por sus manos pasan el 86% de las exportaciones y el 60% de las importaciones, lo que supone cerca del 20% del PIB del sector del transporte y un 1% del PIB total.

¿Que proponía la reforma de la Ley de Puertos respecto del servicio de estiba, carga y descarga de mercancías en los puertos españoles?

La reforma de la Ley de Puertos proponía un periodo de transición máximo de tres años.

• El primer año las empresas estibadoras estarían obligadas a contratar a trabajadores provenientes de su propia sociedad en un porcentaje del 75%, que se iría reduciendo al 50% en el segundo año y al 25% el tercer año.
• Contemplaba una reducción del salario en más de un 50%.

Durante todo este tiempo, los estibadores han estado ejerciendo presiones para evitar que el decreto salga adelante basándose en la oposición a precarización laboral y con la baza de convocar sucesivas huelgas que no han llegado a materializarse pero que supondrían un perjuicio económico de grandes dimensiones. Aun así, sí se ha reducido la actividad considerablemente en algunos puertos provocando demoras importantes e incluso el aplazamiento de los embarques. Muchas empresas han optado por buscar una alternativa a través de envíos aéreos o un transporte combinado AIR-SEA para evitar riesgos mayores.

Ante la falta de acuerdo, el estado español afrontará una multa de 134.000€ diarios.

Estaremos atentos al nuevo rumbo que tomen las negociaciones y a la situación de las terminales de carga marítimas.