Existe un enorme debate alrededor de la valoración por parte del Gobierno de España de la implantación de la Euroviñeta para intentar cumplir con el objetivo de déficit público en España.  La medida conllevaría el cobro de un peaje para los camiones de más de 3500 kgs que circulen por autovías y algunos puentes, túneles y puertos de montaña.

Esta tasa fue aprobada por la UE en 2006 para afrontar los gastos derivados de la contaminación, los accidentes de tráfico y el desgaste por el uso de la Red de Carreteras del Estado. Actualmente está vigente en los Países Bajos, Luxemburgo, Suecia y Dinamarca.

Los importes de las tasas dependen del número de ejes y la clase Euro del vehículo y los pagos se pueden hacer con una tarjeta recargable, Global Star, o a través de Internet.

En la anterior legislatura, la Ministra de Fomento Ana Pastor había descartado su entrada en vigor pero en noviembre, se ha retomado la propuesta de la mano del Ministro de Economía. Luis de Guindos se ha topado con la firme oposición del sector y de la Asociación de Empresas del Gran Consumo (AECOC), que estiman que supondría un aumento del coste del transporte terrestre entre un 3 y un 10%. Esto repercutiría en el precio final de los productos mermando el poder adquisitivo de los ciudadanos y dificultando la buena marcha de la economía.

Además, señalan el carácter discriminatorio con respecto a otros vehículos y la poca alternativa a este tipo de transporte. Al fin y al cabo, la península ibérica es una zona geográficamente periférica donde según el observatorio del transporte y la logística, el 47% en valor de las mercancías exportadas por España se realiza por carretera y donde apenas circulan camiones en tránsito a otros destinos.

Fuentes: Europa Press y Aecoc